En el borrador del nuevo código sobre el buen gobierno de la sociedades cotizadas, se indica textualmente en su recomendación 46:

Los consejeros informarán de inmediato al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.

Tan pronto resulten procesados o se dicte auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo examinará necesariamente el caso y, a la vista de sus circunstancias concretas y de su potencial efecto sobre el crédito y reputación de la sociedad, decidirá si procede o no que el consejero dimita. De todo ello dará cuenta el Consejo, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo43.

Vulnerando el Principio de Presunción de Inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución de 1978 desde el gobierno socialista se avala una recomendación que supondrá la dimisión de un consejero en los supuesto de apertura de cualquier tipo de procedimiento penal en el que se impute a un miembro de un consejo de administración de empresa cotizada.

Pero lo más llamativo es que en el propio borrador de código existe una remisión expresa en los comentarios a esta recomendación a la norma reformada por el Gobierno del Partido Popular, esto es, el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas (cotizadas o no), que determina el cese de administradores, pero únicamente, en atención al respeto con los Principios Constitucionales, en caso de condena:

No podrán ser administradores (…) las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socio-económico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio.

Entre los supuestos que se indican en los comentarios insertados en el documento del código se encuentra el siguiente:

(…) el Consejo podría apreciar razones para no exigir tal dimisión si el Fiscal, en contra del criterio del Juez, hubiera solicitado el sobreseimiento de la causa; o si el Consejo entendiera que el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral no menoscaba la reputación o buen crédito de la compañía.

Con semejante ejemplo se determina que las empresas cotizadas tendrán su reputación o buen crédito menoscabados por la actuación o no del Ministerio Fiscal, que no es Poder Judicial.

El contexto de la introducción de esta recomendación es relevante puesto que determina que existirá una norma, aunque no sea de obligado cumplimiento, que supondrá, utilizando al Ministerio Fiscal, una forma de presión para eliminar empresarios no afines. Debe recordarse que con la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas introducida por el Gobierno del Partido Popular personajes como los albertos tuvieron que dimitir, aunque fuesen accionistas mayoritarios. Pero, por el contrario, la mera admisión de una querella en procedimiento penal, por ejemplo, por motivo de delito ecológico en unos terrenos para edificar un centro empresarial en la zona norte de Madrid o por la admisión de una querella en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid por delitos como la apropiación indebida con la imputación de casi la mitad de un consejo de administración, supondrá que el Presidente y determinados consejeros del principal banco de España tendrán que cesar de su cargo.

Zapatero, PSOE

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